El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, presentó una demanda judicial contra el gobierno de Javier Milei para reclamar la restitución de los descuentos en las tarifas de gas, luego de que la formalización del recorte en el Régimen de Zona Fría dejara sin el beneficio automático a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, en medio de una creciente reacción de los jefes comunales afectados.
La presentación judicial de la administración de Garate se produjo después de que el Ejecutivo nacional promulgara, mediante el Decreto 1161/2026, la Ley 27.828, que modificó el esquema de bonificaciones para las regiones con bajas temperaturas. La normativa, que entró en vigencia el pasado 13 de octubre, revirtió buena parte de la ampliación del régimen que el Congreso había aprobado en 2021 por impulso del entonces diputado nacional Máximo Kirchner.
En concreto, el municipio de Tres Arroyos, bajo la conducción del alcalde del Frente Renovador, cuestionó que la reforma libertaria no solo elimina los descuentos generalizados para los hogares incorporados al régimen por sus condiciones climáticas, sino que también excluye a clubes de barrio, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público, que hasta ahora contaban con tarifas diferenciadas para afrontar sus gastos de funcionamiento.
Otro de los argumentos de la demanda apunta contra la modificación de la base sobre la cual se calculan las bonificaciones, que anteriormente oscilaban entre el 30% y el 50% según la situación de cada usuario. Con el nuevo esquema en vigencia, los descuentos se aplican únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por lo que quedan excluidos otros componentes de la factura, como los costos de distribución, transporte y la carga impositiva.
La avanzada judicial del intendente tresarroyense se suma a los reclamos que impulsaron otras administraciones municipales de la provincia de Buenos Aires tras la sanción de la reforma, que el Senado nacional aprobó el pasado 24 de septiembre con 38 votos afirmativos y ocho negativos. Entre los distritos que cuestionaron la decisión de la Casa Rosada aparecen Bahía Blanca, General Pueyrredón y el Partido de La Costa, cuyos representantes advirtieron sobre las consecuencias económicas de la quita de subsidios.
Uno de los primeros mandatarios que anunció su intención de recurrir a la Justicia Federal fue el intendente de Bahía Blanca, el peronista Federico Susbielles, quien consideró que la exclusión del distrito vulnera el principio de igualdad ante la ley, así como la razonabilidad de las normas. El dirigente peronista también cuestionó que ciudades con temperaturas similares reciban tratamientos tarifarios diferentes y calificó la eliminación del beneficio como un “despojo” para el sur bonaerense.
“La pérdida de este beneficio va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca, a muchos hogares de clase media, con más de un 100% de aumento en sus boletas, de un servicio que ya aumentó un 1.600% desde que asumió el Gobierno”, aseguró Susbielles.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata presentó un amparo colectivo y solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los usuarios de General Pueyrredón pierdan las bonificaciones. El organismo reclamó que la Justicia suspenda la aplicación de los nuevos criterios de subsidios energéticos focalizados y mantenga las condiciones tarifarias que regían antes de la reforma nacional.
A los cuestionamientos también se sumó el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, quien adelantó que el área de Asuntos Legales de su administración trabaja para iniciar acciones judiciales contra la eliminación de Zona Fría. El jefe comunal advirtió que la medida perjudicará a los residentes permanentes, los propietarios de viviendas y el sector turístico, una de las principales actividades económicas del distrito, además de profundizar las dificultades de las familias para afrontar el costo de los servicios esenciales.
“El objetivo será cuestionar la decisión y evitar que los habitantes del distrito pierdan una herramienta que contribuía a aliviar el costo de los servicios”, destacó el líder municipal.
Zona Fría: los 94 municipios bonaerenses afectados por el recorte de Milei
La reforma del Régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional dejó sin acceso automático a las bonificaciones del gas a unos 1,24 millones de hogares de 94 municipios bonaerenses, principalmente de la Costa Atlántica, el sudoeste y el interior provincial. Entre los distritos afectados aparecen Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Necochea, Azul, Pinamar y Villa Gesell, mientras que Patagones conserva el beneficio por su pertenencia a la región patagónica.
Con la modificación de la normativa, los usuarios de las localidades excluidas deberán acreditar determinadas condiciones socioeconómicas para solicitar los nuevos subsidios energéticos focalizados, en reemplazo de los descuentos que recibían por su ubicación geográfica. El principal requisito establece un límite de ingresos familiares equivalente a tres Canastas Básicas Totales, cercano a los $4,8 millones mensuales según los valores de referencia difundidos durante la implementación de la reforma.
El nuevo esquema también contempla situaciones particulares, como hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), familias con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, el acceso a las bonificaciones dependerá de las condiciones establecidas por la Secretaría de Energía nacional, que conduce María Tettamanti, mientras que quienes no cumplan los requisitos perderán la asistencia automática que contemplaba el régimen anterior.
Frente a este escenario, algunos municipios bonaerenses comenzaron a implementar mecanismos de acompañamiento para los usuarios que necesitan conservar los subsidios de Zona Fría, como ocurrió en Junín, donde el intendente Juan Fiorini puso en marcha un operativo junto al Grupo Servicios Junín y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La iniciativa busca facilitar los trámites de inscripción y evitar que las familias que reúnen las condiciones para acceder a la asistencia nacional pierdan el beneficio en sus próximas facturas de gas. (20-10-26).
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