El Presupuesto 2027 prevé que la inversión educativa del Estado nacional crezca en términos reales: Pero el aumento no alcanza para recuperar lo perdido en los últimos años y sacar lo invertido en educación de sus mínimos históricos. Es más, sigue 44,4% más abajo que lo que se destinó en 2023, cuando el reparto del dinero del Estado aún no estaba en manos de Javier Milei y su motosierra.
Según el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, la función Educación y Cultura representaría el 0,79% del PBI, un nivel casi idéntico al de 2025 y 2026 y muy lejos del 1,42% que alcanzaba en 2023. El dato surge de un informe de Argentinos por la Educación elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada.
“A pesar de la recuperación prevista, la inversión nacional en educación seguirá en niveles históricamente bajos en relación con el tamaño de la economía”, dice el informe.
De acuerdo con el análisis, el gasto pasaría de $8,8 billones en 2026 a 9,3 billones en 2027, medidos a valores constantes de 2026. Eso equivale a una mejora real del 5,6% (27,2% en términos nominales), calculada con una inflación promedio del 20,5% proyectada por el propio Gobierno. Pero la comparación con 2023 cambia la lectura: ese año el gasto educativo nacional había llegado a 16,7 billones, por lo que la caída acumulada hasta 2027 sería del 44,4%. El punto más bajo se registró en 2025, cuando la pérdida frente a 2023 alcanzó el 47,6%.
“La evolución de largo plazo muestra que el gasto educativo nacional cayó de manera sostenida desde 2017 hasta 2020 y luego se recuperó hasta 2023”, agrega el informe.
Virginia Giordano, economista de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), asegura que “el informe muestra con claridad la magnitud de la caída de la inversión educativa nacional: pasó de representar el 1,42% del PIB en 2023 al 0,79% previsto para 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 marca un cambio de tendencia, con un crecimiento real del 5,6%, aunque se trata de una recuperación moderada frente a la reducción acumulada de los últimos años”.
Un gasto estancado frente al PBI
En relación con el tamaño de la economía, el gasto nacional en Educación y Cultura pasó del 1,42% del PBI en 2023 al 0,86% en 2024 y al 0,78% en 2025. Para 2026 y 2027 se proyectan 0,77% y 0,79%, una “amesetamiento” que el informe marca como rasgo central del período. De cada 100 pesos del Presupuesto, 5,63 irían a esta función en 2027, contra 5,55 en 2026 y 5,35 en 2025.
Las universidades concentran la mayor parte de ese gasto: pasaron del 0,71% del PBI en 2023 al 0,52% en 2025 y se proyectan en 0,53% para 2027. La educación obligatoria y superior no universitaria, en cambio, cayó del 0,32% al 0,08% del PBI entre 2023 y 2025 y se mantendría en ese nivel.
El panorama debe leerse junto con la estructura del financiamiento: las provincias concentran cerca del 75% del gasto público en educación, mientras que el Presupuesto nacional sostiene sobre todo a las universidades y a programas de alcance federal. A fines de 2025, además, el Congreso derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso de inversión consolidada del 6% del PBI con vigencia desde 2026. Esa meta solo se había cumplido en 2015.
“El informe expone que el proyecto de Presupuesto nacional 2027 significa la continuidad del desfinanciamiento de la función educativa observado desde la asunción del actual gobierno, lo cual significa una baja global del 35% con respecto al promedio del período 2017-2023. Además, se precisa que el Estado nacional se focaliza casi exclusivamente en el nivel universitario, que pasa de representar el 57% del presupuesto educativo nacional en 2023 al 80% en 2027, e incumple la ley vigente de financiamiento universitario. Los programas destinados a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario contienen mermas más significativas (pasan del 0,32% al 0,08% del PIB entre 2023 y 2027) por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Plan Conectar Igualdad, así como la reducción de la mayoría de los programas restantes”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. Y agrega: “Aun en el caso de cumplirse los supuestos optimistas del Gobierno en términos de inflación, crecimiento económico y recaudación impositiva, el rasgo distintivo del proyecto de Presupuesto nacional 2027 es la consolidación del desfinanciamiento educativo”.
Dónde se concentran los recursos
La Educación Universitaria se llevaría el 80,1% del presupuesto de la Secretaría de Educación, con un aumento nominal del 20,9% que, descontada la inflación, equivale a apenas 0,3% real. El informe advierte que ese monto no contempla la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento está pendiente: hacerlo implicaría, según estimaciones, una ampliación real cercana al 30% respecto de 2026.
A principios de mes, los resultados de las pruebas PISA dejaron en blanco sobre negro el deterioro de la educación en los años que lleva en el gobierno Javier Milei. Mostraron el impacto de la falta de presupuesto ya que revelaron una caída respecto de 2022, el año de la pandemia y el peor de todos hasta ahora. De los 91 países que participan de la prueba, Argentina quedó en el puesto 75 en Matemática, 62 en Lectura y 71 en Ciencias. Es decir, bajó en todas las áreas evaluadas.
En ese contexto, el Presupuesto 2027 no parece apuntar a revertir esos resultados. Si bien está previsto incorporar el Compromiso Federal por la Matemática, además de la extensión de la jornada escolar, la producción y distribución de materiales pedagógicos y recursos digitales, la formación docente, la evaluación y el monitoreo, y la participación de las familias y la comunidad, el proyecto no identifica una partida presupuestaria específica para su financiamiento.
Javier Curcio, coautor del informe, afirma: “El refuerzo del Programa Nacional de Alfabetización y la incorporación de nuevas líneas para fortalecer aprendizajes fundamentales, como Matemática, son señales positivas. Sin embargo, estos avances deben analizarse en el marco de la contracción del financiamiento educativo de los últimos años. Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles. En lo referido a la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, dado el rol estratégico de las universidades nacionales en la formación de capital humano, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social del país.”
Los programas de educación obligatoria y superior no universitaria, que representan el 12,5% del gasto de la Secretaría, crecerían 11,2% en términos reales. El Plan Nacional de Alfabetización alcanzaría los $773.830 millones de pesos (8,3% del total), con la jornada extendida como principal destino. En cambio, Infraestructura y Equipamiento pesaría apenas 0,3% del presupuesto de la Secretaría, contra el 3,1% ejecutado en 2025.
Giordano plantea que “en los últimos años, el aporte nacional a la educación básica redujo su peso dentro del financiamiento del sistema. Este cambio no debería analizarse únicamente como una menor participación del Estado nacional, sino también como un avance hacia una distribución más clara de responsabilidades dentro del esquema federal. La gestión cotidiana de las escuelas, su organización y su financiamiento corresponden principalmente a las provincias, mientras que la Nación debe concentrar su rol en la coordinación del sistema, la definición de objetivos comunes y estándares de calidad, la evaluación de resultados y la generación de información pública. Estos objetivos deberían ser concretos, medibles y permitir monitorear avances que vayan más allá de los aprendizajes mínimos evaluados actualmente”.
Dentro del Presupuesto, Educación y Cultura es la tercera función con mayor incremento nominal, detrás de Salud (39,8%) e Información y Estadística Básicas (28%). La Secretaría de Educación, que ejecutaría el 82% de los fondos de la función, tendría una suba real más moderada, de 2,1%. El informe recuerda también que el Presupuesto 2026 había previsto una inflación de 13,8%, frente al 32,3% que se estima hoy.
El proyecto todavía debe discutirse en el Congreso: su primer tratamiento está previsto para el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. (elDiarioAR). (03-10-26).
