Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, que integran ese tribunal de alzada, coincidieron en este fallo que llega luego de que la presentación del organismo, encabezado por su titular, Marcelo Lacedonia, fuera rechazada por el juez Bernardo Bibel, subrogante en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata.
El expediente regresará a primera instancia para analizar el pedido de la medida cautelar y resolver el fondo del reclamo. En la Defensoría del Pueblo municipal se muestran muy conformes por el resultado del fallo pero también por el reconocimiento a este organismo de nivel local, pero habilitado según estos magistrados para reclamos colectivos.
La ley aprobada por los legisladores y promulgada por el Ejecutivo nacional modificó el régimen de subsidios a los usuarios de gas, redujo beneficios y dejó fuera a mayoría de destinos y regiones que tenían beneficios por altos consumos de gas, consecuencia de convivir gran parte del año con bajas temperaturas. Mar del Plata y Batán eran parte de ese lote. Con los cambios, solo permanecen descuentos de hasta 20% para sectores más vulnerables y solo sobre el consumo de gas y ya no sobre el valor total de la factura.
“El Sr. Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredón tiene entre sus funciones, la de velar por los derechos individuales, olectivos o difusos de los habitantes del municipio”, reconoce el juez Jiménez, primero en votar y luego con adhesión de sus compañeros de tribunal.
Según fundamentó, la acción de la Defensoría del Pueblo “alega aquí la lesión de derechos colectivos (Art. 41 y 42 CN) con violación eventual a la regla de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (ECOSOC y A), que afectaría en concreto a usuarios residenciales de gas natural por redes de General Pueyrredon y usuarios residenciales, comerciales y grandes usuarios particularmente vulnerables, con alta composición de ancianos”. Incluso agrega que según el último censo, en 2022, eran unos 141.000 en el distrito.
“Este colectivo se integra asimismo con personas enfermas: en términos epidemiológicos”, acota y remarca que el último informe presentado en este año 2026 por la Facultad de Medicina de la UNMDP, confirma el predominio de enfermedades no transmisibles como principal causa de mortalidad. Entre ellas, el cáncer de mama, colon y próstata se destacan tanto por su incidencia como por su impacto en la mortalidad. “El estudio revela también un incremento en enfermedades transmisibles como la sífilis y la tuberculosos, lo que plantea nuevos desafíos para el sistema sanitario”, dice.
Además destaca el rol, como en este caso, del ombudsman local ya que, según recuerda, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha quedado vacante desde 2009 y su representación está a cargo del secretario general el organismo. Con ello entiende que la posibilidad de acción de esa dependencia pública ha quedado “limitada”.
En una amplia fundamentación, Jiménez sostiene que en este caso en particular “no cabe aducir que la naturaleza de la norma cuestionada (Ley nacional) bloquee su legitimación, pues tal norma no impacta sobre la totalidad de la población de la Nación, sino solo respecto de una porción de ella, situada en determinada zona de la Provincia de Buenos Aires, lo que inhibe el pretendido bloqueo de la legitimación aducida”.
“El hecho de habilitar la actuación en juicio del Ombudsman local, donde no existe constancia de que los propios ciudadanos afectados o asociaciones civiles o de consumidores hubiesen promovido acción de clase al respecto, impulsa ratificando en forma positiva y adecuada el fortalecimiento del federalismo de concertación, el respeto a las autonomías provinciales y el afianzamiento y resguardo de los necesarios “márgenes de apreciación local” que impone el crecimiento democrático de nuestra República”, sostuvo.
Martín, último en votar, no solo avala a su colega como también lo hizo antes Tazza sino que agrega e insiste sobre la vacancia que se advierte en la conducción de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde hace más de 15 años. “Debe hacerse una interpretación lo suficientemente elástica del artículo 43 de la Constitución Nacional en cuanto a sujetos habilitados para una acción colectiva”, remarca y dice que no se puede descartar a los defensores locales o municipales porque “la letra del articulado no los excluye explícitamente”. (Fuente Ahora Mar del Plata).














