El Centro de Estudios Derecho al Futuro, espacio político y social conducido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, elaboró un documento en el que analiza la composición de las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, la evolución de los aumentos y las diferencias entre los criterios aplicados por la administración provincial y el Gobierno nacional.
El informe sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, la Provincia incrementó el Valor Agregado de Distribución (VAD) un 733%, frente al 806% registrado en el AMBA. También señala que el costo mayorista de la energía, definido por Nación, acumuló un aumento del 4.480% entre diciembre de 2019 y septiembre de 2026, al considerar los períodos de quita de subsidios.
El documento también detalla el proceso de elaboración de una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), que contempla a las distribuidoras y cooperativas eléctricas bonaerenses. Según lo informado, el procedimiento se encuentra en su etapa final y culminará con una audiencia pública prevista para el 16 de diciembre de 2026.
A continuación, el documento completo:
La política tarifaria eléctrica de la Provincia de Buenos Aires
Esta nota explica cómo se compone, cómo evolucionó cada parte y cómo se definen los aumentos provinciales mientras se cierra la nueva Revisión Tarifaria Integral.
La tarifa de luz que paga un usuario bonaerense del AMBA se define en un 100% por el gobierno nacional, mientras que, para el resto de la provincia, un 40% lo define también Nación y menos de un tercio —el valor de distribución— lo define la Provincia. Durante el gobierno de Kicillof se discontinuaron los aumentos de Vidal, que estaban dolarizados, y en el último tiempo se despegaron también los aumentos respecto a los de Edenor y Edesur. Esta nota explica cómo se compone, cómo evolucionó cada parte y cómo se definen los aumentos provinciales mientras se cierra la nueva Revisión Tarifaria Integral.
¿Cómo está compuesta la tarifa?
La tarifa eléctrica se compone de tres conceptos: el costo de la energía y el transporte, definidos por el Gobierno nacional, y el Valor Agregado de Distribución (VAD), establecido por cada provincia, excepto en el caso de EDENOR y EDESUR, que son de jurisdicción nacional. Al desagregarla en el caso de la provincia de Buenos Aires se observa que el 40% del precio final que abona el usuario corresponde al costo de la energía, determinado por la Secretaría de Energía nacional; el 33% corresponde al componente de distribución, que constituye los ingresos de las empresas distribuidoras; y el 27% restante corresponde a impuestos de jurisdicción nacional y provincial.
Los valores que fija Nación son modificados periódicamente y es obligación de la provincia realizar el pass through de forma inmediata, a los fines de no generar un problema en la cadena de pagos del sector eléctrico.
A fines del año 2022, durante la gestión de Massa como Ministro de Economía, se inició una etapa de quita de subsidios que segmentó a los usuarios residenciales en tres categorías: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios). Este proceso de segmentación implicó que el costo mayorista para los usuarios residenciales aumentara un 613% entre agosto 2022 y mayo 2023. En paralelo, el ENRE (Nación) incrementó el VAD de EDENOR y EDESUR un 262% entre abril y junio de 2023.
En febrero del año 2024 Milei realizó un incremento del precio mayorista del 118% (profundizando la quita de subsidios), suba que fue sostenida mes a mes con aumentos sucesivos que representan un incremento total acumulado del 325% entre noviembre de 2023 y septiembre 2026. Considerando los dos períodos de quita de subsidios, el costo mayorista de la energía acumuló un incremento total del 4.480% entre diciembre 2019 y septiembre 2026.
De dónde venimos: la RTI de 2017
En diciembre de 2019 Axel Kicillof asumió su primera gestión como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento se sancionó la Ley 15.165, que estableció la emergencia social, económica, productiva y energética, así como también sobre la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos.
La gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal había realizado una Revisión Tarifaria Integral en el año 2017, la cual establecía aumentos tarifarios anuales. En agosto de 2019 esa gestión debía otorgar un incremento anual del 54% de las tarifas, aumento que en plena campaña electoral no se aprobó y se postergó a enero 2020 para que sea aplicado por la siguiente gestión. La Ley de emergencia energética permitió frenar este aumento hasta tanto se pudiera revisar de manera completa la tarifa eléctrica otorgada por la gestión anterior. Luego, con la pandemia, se dispuso un congelamiento tarifario para la distribución eléctrica que duró hasta abril de 2021.
Durante el año 2020 se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la RTI de 2017, de la cual se concluyó que la gestión anterior aplicó aumentos de las tarifas de energía eléctrica con información insuficiente y con ausencia de análisis técnicos para la definición de importantes supuestos. En cuanto a las inversiones, los montos comprometidos fueron menores que los considerados en los ingresos reconocidos en tarifa. Adicionalmente, los montos no tuvieron correlato en obras debidamente especificadas, ni mecanismo de actualización, haciendo imposible su seguimiento y auditoría. Como resultado del incremento tarifario no se observaron mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.
Esta revisión en el marco de la emergencia energética permitió no aplicar la RTI de Vidal. Nunca estuvo entre los objetivos de esta gestión alcanzar esos niveles tarifarios. La fórmula de actualización de Vidal no se aplicó en ningún momento del actual gobierno, entre otras razones, porque implicaba una fuerte dolarización de las tarifas.
Empezando a pasar la pandemia y los congelamientos tarifarios, en 2021 se estableció una etapa de transición a fin de lograr la sustentabilidad del servicio público de distribución de energía eléctrica, con la implementación de cuadros tarifarios de transición hasta la normalización tarifaria, para poder encarar así una nueva revisión tarifaria integral. Sucesivas leyes fueron prorrogando la transición, encomendando al Poder Ejecutivo llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de una nueva RTI.
Por qué el aumento no puede ser cero
A partir de 2021, la provincia fue otorgando aumentos de VAD menores que buscaban garantizar la prestación del servicio y evitar la ruptura de la cadena de pagos. El objetivo fue llevar adelante un proceso para ordenar las tarifas, buscando cubrir gastos operativos e inversiones.
Sin embargo, la cadena de pagos ya estaba gravemente afectada. El congelamiento durante la pandemia generó que las distribuidoras de la provincia, provinciales y cooperativas (y también las del resto del país), se endeudaran fuertemente con CAMMESA para preservar el pago de sueldos y la operación y mantenimiento de la red.
Como respuesta a esta situación, en la Ley de Presupuesto Nacional 2021 Nº 27.591 (artículo 87) se estableció un régimen de regularización de deudas. Luego, en 2023, el artículo 89 de la Ley nacional 27.701 amplió los períodos a ser incluidos en el régimen y estableció que la deuda pueda financiarse en un plan de pagos de 96 cuotas. Finalmente, en octubre de 2026 se promulgó la Ley 27.828, que establece la condonación de la deuda que las distribuidoras incluyeron en esos planes.
Congelar la tarifa no elimina el costo del servicio. Lo traslada a deudas con CAMMESA que después se refinancian o se condonan por ley. Es un subsidio a las empresas que no figura en la factura ni se discute en una audiencia pública.
No son solo las grandes distribuidoras.
En la provincia de Buenos Aires hay 204 prestadores del servicio de distribución eléctrica. 200 de ellos son cooperativas.
En el caso del sector cooperativo, se evidenciaba un mayor nivel de gravedad. Si bien es un sector altamente heterogéneo, se observaba que en muchos casos no alcanzaban ni siquiera a pagar los sueldos si abonaban el 100% de la energía que compraban. Este contexto se agravó aún más durante el gobierno de Javier Milei, quien aun sabiendo que el sector cooperativo estaba con la soga al cuello judicializó la deuda, intimando a su pago y embargando cuentas. Al mismo tiempo que ahorcaba a las cooperativas, el gobierno nacional avanzaba con la quita de subsidios incrementando el costo mayorista de la energía.
Ante esta coyuntura de aumento de costos mayor a la tarifa, quita de subsidios y deuda con CAMMESA, la falta de pago como forma de financiamiento se vislumbraba insostenible. En ese sentido, se definieron aumentos del VAD que pudieran recomponer el escenario de forma tal que se llegue al pago de la factura corriente.
Los ajustes tarifarios de esta etapa de transición, aún vigente, se otorgaron con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la prestación del servicio público. Aun así, todavía se encuentran por debajo de los ajustes que hubieran surgido de la fórmula establecida en la RTI 2017.
Cómo evolucionó la factura
Los cuadros tarifarios de la provincia de Buenos Aires reflejan los precios mayoristas definidos por la Nación. Y, como se hizo desde 2021, se replicaron de forma idéntica todos los incrementos de VAD que la gestión de Alberto Fernández otorgó en el AMBA. A partir del año 2024 la provincia cambió su política a fin de aliviar a las familias en un contexto de crisis: si bien aplicó aumentos de VAD que acompañaron los aumentos en el AMBA, estos fueron siempre por debajo: entre diciembre de 2023 y octubre 2026 PBA incrementó su VAD un 733%, mientras que el AMBA lo hizo en 806%.
Fuente: planilla «Factura residencial promedio, consumo 150 kWh por mes», mayo 2018 – agosto 2026. Desde marzo 2026, N2 corresponde al régimen SEF.
Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios publicados en OCEBA, mayo 2018 – agosto 2026. Desde marzo 2026, N2 corresponde al régimen SEF.
En junio 2023 y marzo 2024 se alcanzaron los niveles de tarifa final más altos de la serie desde 2019, medidos en términos reales. Las facturas actuales no aumentaron significativamente en términos reales, sino que están en el mismo nivel que en ese momento, y por debajo de los valores de 2019. Además, se encuentra alrededor de un 40% por debajo de las que hubieran sido si no se aplicaba una revisión sobre la RTI de María Eugenia Vidal.
A agosto de 2026, las facturas eléctricas acumularon incrementos interanuales del 42% para los hogares sin subsidios y del 49% para los hogares subsidiados. En el mismo período, el costo de la energía definido por Nación aumentó un 39% y un 65%, respectivamente, mientras que el VAD provincial se incrementó un 40%. La mayor parte del incremento se explica por la suba de tarifas nacional, y el sendero de quita de subsidios ha sido más agresivo con los usuarios de bajos ingresos.
La nueva Revisión Tarifaria Integral
La Revisión Tarifaria Integral es un procedimiento regulatorio mediante el cual se revisa de manera completa la estructura económica, financiera, técnica y de calidad de un servicio público regulado para determinar las tarifas que regirán durante un período determinado, generalmente quinquenal. Es el mecanismo mediante el cual se determina cuánto debe percibir una empresa regulada para cubrir costos eficientes, realizar inversiones comprometidas y obtener una rentabilidad razonable, trasladando ese resultado a la tarifa que paga el usuario.
Con la meta de concluir la etapa de Transición Tarifaria, a fines de 2024, mediante la Resolución MIySP 1133/2024, se dio inicio al proceso de RTI para las distribuidoras de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial. En ese marco se contrataron los servicios de asesoría técnica de la UBA (CEARE), un grupo de expertos del sector con experiencia en procesos de estas características.
Entre los objetivos de la RTI se pueden mencionar los siguientes: establecer el requerimiento de ingresos de las distribuidoras para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad, elaborar un plan de inversiones obligatorias de largo plazo, diseñar un cuadro tarifario nuevo (revisando su estructura y categorías tarifarias, la asignación de costos y el modelo de pass through), definir una categoría de tarifa social que garantice la asequibilidad del servicio público por parte de los sectores de menores ingresos, definir nuevos parámetros de calidad del servicio y producto y establecer nuevas penalidades.
En paralelo, la RTI comprende también a las cooperativas eléctricas. Se está llevando adelante un trabajo de análisis y determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, contemplando sus particularidades operativas y diferencias de escala. Este proceso incluye la revisión del Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT), con el objetivo de adecuar los mecanismos de compensación a las diferencias de costos y escala, contribuyendo a la sostenibilidad económica de las cooperativas y a una mayor equidad tarifaria entre los usuarios de la provincia.
El proceso se encuentra en etapa de cierre y culminará con una Audiencia Pública el 16 de diciembre de 2026, una instancia de participación y consulta de la ciudadanía a la que podrán inscribirse todas las personas usuarias del servicio de distribución eléctrica de concesionarios provinciales y municipales. (09-11-26).
