Como si de un bucle infinito se tratase, cada comienzo de año resuenan las quejas y reclamos de buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires a cuenta de los fondos coparticipables que les han tocado en suerte.
Con una fórmula que considera variopintas variables, el monto total que la Provincia reparte entre los intendentes se divide entre las 135 comunas, y cada inicio de ciclo genera festejos, por parte de quienes vieron incrementada su porción de la torta con respecto al año anterior, y los sinsabores de quienes embolsan una cifra menor.
La Ley 10.559, sancionada en 1987, constituyó un cambio institucional trascendente al establecer un sistema objetivo de distribución de recursos entre los municipios bonaerenses. Sin embargo, todos coinciden en que la normativa juntó telarañas y necesita una actualización.
En ese período cambiaron profundamente la medicina, la organización sanitaria y las herramientas disponibles para administrar información. “Hoy es posible conocer prácticamente en tiempo real las consultas realizadas, los egresos hospitalarios, la ocupación de camas, las derivaciones, las prestaciones efectuadas y hasta la cobertura efectiva de los programas preventivos.
En 1989 muchas de esas herramientas simplemente no existían. Por eso el problema del régimen actual no es que haya sido mal diseñado. El problema es que fue diseñado para un mundo que ya no existe”, aseguró a La Tecla Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen y otrora presidente del Foro de alcaldes de la UCR.
En tal sentido, evaluó que "la información estadística utilizada para el cálculo del componente Salud se consolida varios meses antes de conocerse el CUD definitivo, dificultando que los municipios puedan verificar oportunamente el impacto de su información". Y compartió el concepto de "caja negra" que adjudican al sistema: "Si el componente Salud distribuye recursos bajo un esquema de suma fija -donde el crecimiento de un municipio necesariamente repercute sobre los demás-, resulta indispensable que toda la información utilizada para el cálculo sea pública, abierta y completamente desagregada".
Las propuestas para mejora el sistema mencionan, además, una cuestión cualitativa. Se trata de valorar la disponibilidad de médicos, enfermeros y otros profesionales, con los que cargan los presupuestos municipales. Y ponderar los gastos hospitalarios: “No es lo mismo lo que demanda una cirugía de alta complejidad que una internación clínica convencional”, señalan. El inicio de año deja, inevitablemente, una larga lista de reclamos por parte de los alcaldes "perjudicados". Uno de los más enfadados en 2026 fue el radical Esteban Santoro, jefe comunal de General Madariaga, uno de los distritos que sufrió una merma del 5%, la máxima posible según la normativa.
La comuna aseguró que el perjuicio fue de 800 millones de pesos en el año, “casi una masa salarial de un mes”, y aseguró que bajó un 25% en la última década. "Si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado $ 4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), es decir, los sueldos de cuatro meses de todos los empleados municipales”. Una bofetada para muchos distritos que sostienen su funcionamiento en los fondos coparticipables. Sin embargo, casi nadie habla de manipulación. En 2025, cinco de los 10 municipio que más perdieron fueron peronistas, igual que el número de ganadores. Este año, de los 10 distritos que más cayeron en su CUD, al menos la mitad están gobernados por Fuerza Patria.
ALFREDO FISHER
El reparto de fondos, un sistema perfectible y el peso sanitario
El intendente de Laprida, Alfredo Fisher (Fuerza Patria), se refirió a la cuestión de los recursos municipales señalando que las adminsitraciones locales tienen el problema de la “total escasez de recursos”, culpando a un “Estado nacional irresponsable y descorazonado, que se alejó de sus responsabilidades”. El alcalde peronista evaluó que, con esas circunstancias, la norma que regula la distribución de fondos “es perfectible”.
Al respecto, sostuvo que “en la era de la tecnología, debiera ser un mecanismo bastante más transparente, donde podamos tener mayor acceso a los procesos de definición, que cada municipio pueda tener ese coeficiente, lo que mejoraría mucho las quejas”.
Fisher no comparte las críticas hacia el peso del ítem Salud en la definición del CUD. “Si vos en tu distrito tenés atención sanitaria por parte de la Provincia y tenés problemas de seguridad, probablemente no tengas tanta demanda desde el sector Salud como el sector seguridad, y ese argumento es atendible. Para aquellos municipios que no tenemos otro sector sanitario que el exclusivamente municipal sí. Lo que nosotros recibimos de coparticipación no alcanza siquiera para tal fin, y también nos tenemos que hacer cargo de mucha de la carga del sistema de seguridad provincial en nuestros distritos. Así que yo no coincido con esa mirada”, dijo. Al respecto, propuso que todos los intendentes “vayamos viendo cómo van evolucionando los datos de los 135 distritos , y no que estemos esperando a que en un momento determinado el ministerio termine todos sus cálculos”.
SERGIO VARGAS (UNION Y LIBERTAD)
Población, superficie y desempeño, con reparto de fondos del juego
El senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) explicó que promueve “una reforma integral de la ley, creando un nuevo régimen de coparticipación que aumente la participación de los municipios en los recursos del 16,14 % actual al 21 %, ampliando la base y estableciendo un criterio más moderno y objetivo, teniendo en cuenta población, superficie y desempeño”. Al respecto, propuso una nueva ley que disponga la coparticipación de los juegos de azar, considerando además el 30,6 % según población; 12 % por gasto geográfico; 12 % según superficie; 30 % por gastos de Salud; 5 % por Seguridad y 5 % por Educación.
En el caso de Seguridad, Vargas detalló que aspiran a llegar al 5 %, considerando un 50 % de ese monto según la tecnología invertida. Mientras tanto, apuestan a elevar la participación de Educación en un 3,5 % para servicios formales y no formales; un 2,5 % por programas de investigación y desarrollo y dar un incentivo a los municipios por desarrollo de servicios educativos municipales de investigación. Además, contempla que la Provincia coparticipe fondos nacionales que llegan al Estado provincial, sin destino específico, y que no los reparte con los municipios.
El legislador se sumó a las críticas que recibe el CUD, asegurando que se quedó en el tiempo y “no responde a la realidad de los municipios de esta época”. Y cuestionó el excesivo peso de la Salud para definir el reparto de fondos.
ANDRES DE LEO (COALICION CIVICA)
Un coeficiente por adelantado y datos abiertos para los municipios
El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, busca transparentar el CUD. “Proponemos que el ministerio de Economía lo dé a conocer antes del 31 de octubre, cuando se va a tratar el proyecto de Presupuesto. Así los municipios pueden tener una proyección del CUD con el que van a contar para el año”. Además, refirió que “exigimos a Economía que publique cuáles fueron los componentes que determinan el CUD de los 135 distritos”.
Al respecto, recordó que “hay dos que son certeros, como la población de cada municipio, determinada por el Indec, y la superficie”. En cambio, sostuvo que “hay otros dos sobre los cuales el ministerio no publica los componentes, cómo se toman, que son la cantidad de camas declaradas y lo que se denomina componente inverso de la capacidad contributiva de cada municipio, que también genera polémica”.
En cuanto a la valoración del tema sanitario, el legislador bahiense comentó: “Lo mínimo que debemos hacer es debatirlo. No es menos cierto que los municipios que tienen que brindar mayor cantidad de servicios en materia salud, tienen en eso el peso de más importante en sus presupuestos”. Además, explicó que “el gran problema es que esto exige y obliga a los municipios a tener una política de salud que por ahí no es la más apropiada para el distrito, en función de tratar de captar mayor cantidad de recursos”. “Deber ser un mecanismo transparente que despeje dudas sobre los indicadores que informan los municipios. Que la salud pública no se transforme en una manera de obtener fondos “.
INICIATIVA DE HECHOS
Un proyecto que busca transparencia
El senador provincial Marcelo Leguizamón, del bloque HECHOS, busca crear un mecanismo de control sobre el CUD, con el objetivo de “transparentar y subsanar deficiencias” en los recursos que reciben los 135 municipios. Establece la creación de un mecanismo de Control y Verificación, integrado por 1 representante de la Contaduría General de la Provincia, 1 del Tribunal de Cuentas y 2 legisladores de la comisión de Presupuesto de ambas Cámaras. El platense remarca que “los municipios se ven obligados año a año a interpretar los criterios utilizados por la autoridad económica sin contar con una metodología plenamente explicitada, ni con acceso completo a los ponderadores aplicados, afectando la rendición de cuentas y la previsibilidad financiera”.
DIEGO VALENZUELA (LLA)
Un mecanismo obsoleto e injusto y la Salud con un convenio especial
Diego Valenzuela, senador provincial de La Libertad Avanza, aseguró que “el CUD es uno de los temas que me gustaría plantear en la comisión de Asuntos Municipales, porque el tema del reparto está obsoleto y, claramente, hay que repensarlo para que tenga más equidad y mejores incentivos. Hay una cantidad de municipios, dentro de las que está Tres de Febrero, en lo que hay una diferencia muy grande entre lo que aportan, de recaudación por ejemplo, y lo que reciben”. En cuanto a las críticas que recibe el CUD por un peso excesivo del tema sanitario, el intendente de licencia propuso que el ítem Salud tenga “un régimen de reparto paralelo. Es decir, los municipios que tienen hospital tienen que tener un convenio con la provincia de Buenos Aires de financiamiento de eso en función de qué están aportando a la salud provincial”.
Valenzuela añadió que “el sistema actual es malo, es obsoleto e injusto. Se utiliza una fórmula que no tiene nada que ver con la actividad económica que tienen los municipios que producen, crecen, incentivan inversiones”. Y puso un ejemplo: “Malvinas Argentinas versus Tres de Febrero, donde nosotros tenemos más población, tenemos una industria muy potente, y la relación es impresionante entre los dos municipios por el hecho de que, en su momento, Jesús Cariglino (ex alcalde malvinense) armó un polo de salud”. Sobre las sospechas de que el reparto puede ser “intervenido” para beneficiar a determinados municipios, el legislador libertario sostuvo: “El sistema está mal en sí mismo, porque tienen un peso del 37% las cuestiones de salud. Entonces, si decimos eso, ¿por qué no decimos Educación o Seguridad?. ¿Por qué solo Salud reparte dinero?, es un absurdo, hay otros temas importantes”. Además, evaluó que el sistema “genera un incentivo a tener hospitales, a tener camas, cuando lo que deberían promover los municipios es atención primaria de la salud. Y también me consta, aunque no voy a dar nombres, de que hay muchos intendentes que tienen un área dedicada exclusivamente a armar el esquema para que le dé mejor CUD. Y, entonces, después lo dibujan, porque nadie controla si esas camas están o si los pacientes están en un pasillo. Entonces puede haber intendentes que digan la verdad y otros que mientan y dibujen”. (La Tecla). (21-07-26).
