Tal como adelantó durante la semana La Voz del Pueblo, la justicia de Bahía Blanca dio un giro importante en el conflicto que mantiene en suspenso a la comunidad de deportistas, vecinos y prestadores de servicios turísticos del balneario Marisol.
En una resolución reciente, el juez Agustín López Coppola concedió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Coronel Dorrego contra la sentencia dictada el reciente 27 de mayo de 2026, que suspendía la práctica del kitesurf en la desembocadura del río Quequén Salado, la que además quedó supeditada a un informe de impacto ambiental.
Con esta decisión la causa podrá dejar los tribunales bahienses para ser tratada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
Este avance judicial representa en principio un alivio para los “riders”, quienes ven en la revisión de la Cámara una oportunidad para revertir una medida que consideran “injusta y contradictoria”.
Detrás de la defensa técnica y la pasión deportiva se encuentra Rosana Rolando, una abogada que representa las dos facetas de este conflicto; por un lado la del rigor legal, pero también la de quien disfruta de sentir el viento en la cara sobre una tabla.
Su historia en la costa
Rosana no es una recién llegada a las playas de Marisol. “Yo nací en Oriente, viví y me crié ahí", contó a este diario en un tono que expresa claramente su sentido de pertenencia.
Vivió su infancia y adolescencia en las costas dorreguenses de Marisol, y aunque hoy vive en Bahía Blanca, su vínculo con el destino turístico de playa sigue intacto a través de su familia y su casa en el balneario del sudoeste bonaerense.
Su historia como “rider" comenzó en 2011, el mismo año en que descubrió en el kitesurf no solo un deporte, sino una forma de conectar con el entorno natural que la vio crecer.
Como abogada, Rosana observa con preocupación cómo un deporte que no contamina quedó en el ojo de una dura puja judicial. Según explicó la comunidad de practicantes de éste deporte náutico creció exponencialmente en los últimos años, lo que generó algunos “desencuentros” sociales lógicos ante la falta de regulación.
“Es un lugar que no es zona de baño, es un lugar al que cuesta llegar en 4x4”, explicó al referirse a la desembocadura, donde las condiciones para navegar dependen estrictamente del viento y las mareas.
Diez días que valen
Desde un primer momento el municipio de Coronel Dorrego le confió a este diario que presentó a tiempo su recurso de apelación. En este sentido Rosana aclaró que, aunque el juez le imprimió al trámite un carácter de “sumarísimo” -lo que en el Código de Procedimiento Civil y Comercial implicaría un plazo de solo dos días para apelar-, en este caso terminó prevaleciendo el Código de Procedimiento Administrativo.
Este código específico establece un plazo de 10 días hábiles para interponer recursos contra sentencias definitivas de primera instancia.
“Como el código administrativo ya tiene previsto un plazo, se tiene que aplicar ese”, explicó la abogada al desestimar especulaciones que sugerían que el municipio se había quedado fuera de tiempo.
La apelación fue presentada "en tiempo y forma", permitiendo que ahora la justicia marplatense conceda –o no- el pedido de revisión hecho desde el municipio.
Contradicciones
La postura de Rolando es firme respecto a la supuesta motivación ambiental de la demanda original, impulsada por una particular que también es abogada.
Cuestionó que la prohibición esté dirigida exclusivamente al kitesurf y al windsurf, ignorando otras actividades con mayor impacto.
“Hoy por hoy la actividad de kite está suspendida, pero si querés podés ir a la boca (desembocadura) con un gomón a motor a pescar”, apuntó como ejemplo al señalar una contradicción.
Para la abogada nacida en Oriente la solución no es la prohibición, sino la regulación sustentable y el consenso.
En este sentido los “riders” comenzaron a movilizarse, recolectando firmas a través de plataformas digitales como Change.org y presentaciones escritas en papel ante el municipio.
“Somos los primeros en querer proteger el ambiente”, aseguró. Y agregó que el objetivo es lograr una zonificación que permita la convivencia entre pescadores, bañistas y deportistas.
La Cámara decide
Mientras la causa podrá viajar digitalmente hacia Mar del Plata, la actividad en la desembocadura permanecía suspendida, pero no prohibida de forma definitiva.
Rosana Rolando y la comunidad de “riders” confían en que el fallo de la Cámara revoque la sentencia de primera instancia, pero dejan algo en claro al sostener que independientemente del resultado judicial, seguirán persiguiendo una regulación formal que garantice la paz social en el balneario.
“Siempre vamos a estar por el consenso”, concluyó Rosana, quien espera que pronto pueda volver a saltar sobre las olas de Marisol.
El expediente ahora está a la espera de un análisis de los jueces marplatenses que podrán incidir en el destino de este espacio donde el agua del río Quequén Salado se encuentra con el Mar Argentino, y donde hace años conviven -en cualquier época de año- vecinos, prestadores de servicios, turistas, pescadores y “riders”. (Fuente y foto La Voz del Pueblo). (24-06-26).
