La senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para prohibir los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires como así también para instalar inhibidores de señal, con el objetivo de evitar estafas y extorsiones organizadas desde una prisión.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, consideró Galmarini en los fundamentos del proyecto.
La propuesta de la senadora del peronismo establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
La iniciativa también plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en
todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.En este sentido, la senadora del massismo remarcó que, detrás de cada estafa o extorsión telefónica, hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas a raíz de amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó.
“No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, señala Galmarini en su proyecto de ley.
En su texto parlamentario, la extitular de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa) prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó la autora de una iniciativa que también fue presentada esta semana por un bloque opositor.
Esta semana, La Libertad Avanza elevó un proyecto similar al de Galmarini titulado “ley Rodrigo”, que apunta a prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y que cuenta con el apoyo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto del diputado libertario Oscar Liberman es llamado así en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria. Justamente, la propia jueza Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar esa organización criminal.
En rigor, en su proyecto Liberman propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias. Asimismo, establece que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno. El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.
Además, el proyecto prevé la instalación de sistemas de inhibición de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los pabellones de internos, e incita al Servicio Penitenciario a promover medidas de control permanentes, como requisas periódicas de celdas, controles tecnológicos para detectar celulares y acciones preventivas para evitar el ingreso de elementos prohibidos. (14-03-26).
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