Piden información al gobierno municipal sobre vacante, concurso y funcionamiento del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para conocer si se cubrió la vacante de un abogado en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, y para obtener detalles del proceso de selección en caso de cobertura.

En la minuta de comunicación, presentada por Fuerza Patria y argumentada por la concejala Manuela Alonso, también se solicitó información sobre la implementación del concurso de antecedentes y oposición previsto por la normativa vigente, junto con un relevamiento completo del personal que integra el área, su modalidad de contratación, fecha de ingreso, formación profesional y funciones.

Se destacó que la ley provincial 13.298 dispone la creación de equipos técnicos profesionales en cada municipio. La norma establece que dichos equipos deben contar como mínimo con un psicólogo, un abogado, un trabajador social y un médico.

La legislación vigente fija además que la selección del

personal debe realizarse mediante concurso de antecedentes y oposición, con acreditación de experiencia y ejercicio profesional en la materia. También establece que el servicio debe garantizar atención durante las 24 horas, lo que requiere la integración completa del equipo interdisciplinario.

El pedido de informes incluye tres puntos: la situación de la vacante del cargo de abogado, los detalles del proceso de selección en caso de cobertura o, si permanece vacante, la información sobre la convocatoria al concurso; y un relevamiento del personal con detalle de cantidad de trabajadores, modalidad de contratación, fecha de ingreso, formación y función dentro del equipo.

La concejala Alonso señaló que el objetivo del pedido es conocer la implementación del concurso de antecedentes y oposición y la acreditación de experiencia profesional. Indicó que el cargo fue cubierto y sostuvo que el requerimiento busca garantizar intervenciones responsables, eficaces y centradas en la protección integral de derechos, además de conocer la equidad en la selección de los aspirantes.