El Concejo Deliberante dorreguense debatió un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que propone actualizar la ayuda económica previsional destinada a quienes perciben haberes mínimos, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La iniciativa, presentada por la diputada nacional Marina Salzmann el 15 de septiembre, plantea llevar el actual bono previsional de $70.000 a $230.000 y establecer una actualización mensual de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
El proyecto fue presentado ante el cuerpo local por el concejal Gustavo Brusa, quien señaló que el bono de $70.000 permanece congelado desde comienzos de 2024.
Brusa explicó que la propuesta busca establecer un piso de $230.000 para ese complemento y que luego se actualice de manera mensual. También sostuvo que la iniciativa alcanza a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas, pensiones no contributivas y la PUAM.
Mencionó que el haber mínimo jubilatorio es de $428.000, que la PUAM corresponde al 80% de la jubilación mínima y que las pensiones no contributivas por discapacidad alcanzan los $370.000. En ese contexto, consideró que elevar el bono de $70.000 a $230.000 representaría un alivio para quienes perciben los haberes mínimos.
“Detrás de esos números hay personas que realmente hay muchos casos en los que se han aportado toda su vida”, sostuvo Brusa, quien también reclamó un tratamiento urgente de la iniciativa.
Destacó que el artículo 6° del proyecto establece las fuentes de financiamiento. Entre ellas mencionó la derogación parcial de una exención del IVA para determinados servicios y honorarios, la restitución de contribuciones patronales destinadas al sistema previsional, modificaciones en Bienes Personales y economías fiscales vinculadas con la deuda soberana con el FMI, entre otras.
También sostuvo que el sistema previsional se financia mediante aportes y contribuciones, recursos provenientes del IVA, transferencias del Tesoro Nacional y otros impuestos coparticipables y asignados.
Durante el debate, Casiano Gutiérrez, presidente del bloque de la UCR, adelantó el acompañamiento de su bloque. Señaló que el ingreso de los jubilados no resulta suficiente y relató el caso de una jubilada cuyo recibo, según dijo, no llegaba a los $490.000, incluido el bono de $70.000.
Sostuvo que el proyecto representa un alivio frente a la situación de los jubilados, aunque consideró que el bono “no deja de ser un parche” y planteó la necesidad de resolver los problemas estructurales del sistema previsional.
También cuestionó los recortes en distintos sectores y sostuvo que los jubilados han perdido asistencia y beneficios.
Desde el otro bloque de La Libertad Avanza, su presidenta, Rosana Cabarcos, manifestó su rechazo al proyecto. Aclaró que nadie en el recinto está en contra de que los jubilados cobren más, pero planteó que la discusión pasa por determinar cómo mejorar sus ingresos de manera sostenible.
Cabarcos cuestionó que no esté claro, según su postura, de dónde surgirían los recursos para sostener una obligación permanente de $230.000. Señaló que el Gobierno nacional recibió un problema previsional acumulado durante décadas y que procura ordenar las cuentas públicas.
También dijo que las jubilaciones aumentaron por encima de la inflación y diferenció esa situación del comportamiento de los salarios de trabajadores provinciales y municipales.
Brusa respondió que el proyecto no plantea modificar el haber jubilatorio sino el bono, que permanece congelado en $70.000. Volvió a mencionar el artículo 6° y enumeró las distintas fuentes de financiamiento contempladas en la iniciativa.
El concejal sostuvo que el sistema previsional argentino es de reparto y solidario y repasó los aportes y contribuciones que lo financian. También vinculó la situación de las jubilaciones con el nivel de empleo registrado y la informalidad laboral.
Gutiérrez volvió a intervenir y señaló que su bloque acompaña el proyecto porque considera insuficiente el ingreso de los jubilados. También cuestionó que se planteara una coincidencia política entre su bloque y otros sectores a partir de esta iniciativa.
El concejal radical también se refirió a la situación de los jubilados y a las movilizaciones que realizan los miércoles en Capital Federal. Destacó sus reclamos y cuestionó que el ajuste recaiga sobre los sectores más vulnerables.
En otro tramo del debate, sostuvo que la decisión sobre dónde realizar ajustes constituye una decisión política y planteó que “nunca, nunca, la variable de ajuste puede ser la gente”.
Finalmente, la concejala Romina Rozas (UCR) defendió la posición de su bloque y rechazó las acusaciones de incoherencia por coincidir con Fuerza Patria en determinados proyectos. Señaló que existen diferencias políticas entre ambos espacios, pero sostuvo que en otras oportunidades también hubo coincidencias sobre cuestiones que consideran prioritarias. (03-10-26).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario