El Concejo Deliberante resolvió devolver a comisión el expediente vinculado al pedido de representantes de gremios docentes para crear una comisión de seguimiento del Fondo Educativo. La decisión se tomó luego de un extenso debate en el recinto y por una votación de 7 (Fuerza Patria y La Libertad Avanza) a 5 (UCR).
La discusión se inició con la exposición del concejal Casiano Gutiérrez (UCR), quien presentó el dictamen elaborado por integrantes de la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. El proyecto proponía rechazar el pedido realizado por los docentes y archivar el expediente.
Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que la ejecución del Fondo Educativo corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo y citó doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires incorporada al expediente.
“Nuestro bloque tiene una posición inamovible que la de no creer necesaria una comisión para ejecutar ni dar seguimiento a este fondo”, expresó.
Gutiérrez leyó parte de la respuesta emitida por el Tribunal de Cuentas ante una consulta realizada por el Municipio de Salto respecto de una comisión de características similares. Según explicó, el organismo concluyó que “el honorable consejo deliberante a través de la comisión a ser creada no estaría legitimado para disponer el destino del uso del fondo afectado ni para fijar prioridades con carácter vinculante respecto a su aplicación”.
Luego, dijo que en Coronel Dorrego ya existen ámbitos institucionales para abordar las necesidades educativas y señaló: “Creemos que no es competencia de los concejales integrar ningún tipo de comisiones que de este tipo de seguimiento vaya dictando prioridades o acercando este tipo de inquietudes”.
También argumentó que los concejales cuentan con herramientas de control sobre la utilización de los recursos. “Entendemos que nosotros como concejales tenemos la herramienta que justamente hoy utilizamos que es la rendición de cuentas para fiscalizar el destino de esos fondos”, indicó.
Posteriormente tomó la palabra la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza), quien solicitó que el expediente regresara a comisión.
“Desde este bloque entendemos lo solicitado, por ese motivo queríamos solicitar que regrese a comisiones porque nuestro bloque aún todavía estamos analizando y debatiendo la postura que vamos a tomar”, manifestó.
“Escuchándolo al concejal Gutiérrez más me convenzo de pasarlo a comisiones por todo lo que expuso. Queremos debatirlo más en profundidad y ver cómo abordar este tema”, añadió.
A su turno, Mercedes Gagna (Fuerza Patria) cuestionó la aparición del dictamen en el orden del día y expresó su desacuerdo con el procedimiento utilizado.
“Lo primero que tengo que mencionar que lo que primero nos causó cuando lo vimos en el orden del día como mínimo fue sorpresa”, señaló.
“No habíamos llegado a un dictamen, no habíamos llegado a un consenso precisamente porque hay dos posturas totalmente claras desde nuestro bloque”, sostuvo.
Gagna recordó que su espacio político respalda la creación de la comisión y destacó que incluso había impulsado iniciativas similares en años anteriores.
“Nosotros estamos de acuerdo con la creación de esta comisión incluso hemos presentado en otro año legislativo un proyecto sobre este tema”, indicó.
Consideró que el dictamen se presentó de manera “imparcial y arbitraria” y sostuvo que el expediente debió haber pasado por más de una comisión.
Además, defendió la utilidad del organismo solicitado por los gremios docentes. “La idea de esta comisión es de asesoramiento”, afirmó.
Y agregó: “Haría a la transparencia de la gestión, haría a la transparencia de dónde van estos fondos, haría a mayor tranquilidad, haría de que el ejecutivo pueda tomar una decisión con el asesoramiento de los actores que están todos los días en el ámbito educativo”.
Durante una segunda intervención, Gutiérrez respondió a los cuestionamientos y defendió la legalidad del dictamen.
“La doctrina que se incorporó al expediente ya a fines de marzo desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que cuando ya deja la doctrina aplicada a toda la provincia, es importante que la tengamos en cuenta”, señaló.
Respecto de la comisión propuesta, afirmó: “No lo creemos conveniente”.
También remarcó la confianza de su bloque en la administración de los recursos. “Estamos plenamente confiados realmente en cómo se desenvuelven esos fondos”, expresó.
En referencia a la validez del despacho, sostuvo: “La comisión a la que está girado el dictamen tiene tres integrantes, por lo cual le tiene firma de dos integrantes, así que es un dictamen con plena legitimidad”.
Por su parte, la concejala Ana María Balda (Fuerza Patria) aclaró que no cuestionaba la legalidad del procedimiento sino la forma en que el tema llegó al recinto.
“Legalmente, de acuerdo al reglamento, es plenamente válido el dictamen presentado por la mayoría”, afirmó.
“Lo que sí estamos poniendo en discusión es la forma en que hoy este proyecto de decreto sale en el orden del día”, añadió.
Recordó que, según la práctica habitual del Concejo, los expedientes que salen de comisión suelen hacerlo mediante acuerdos previos entre los bloques.
“Nosotros propiciamos y queremos que este proyecto continúe en comisiones y esa es la postura que va a tener nuestro bloque”, manifestó.
Al momento de la votación, cinco concejales respaldaron el proyecto de decreto que rechazaba la creación de la comisión y disponía el archivo del expediente. Votaron a favor los concejales Fuertes, Sola, Gutiérrez, Rosas y Barandiarán.
Por el regreso a comisión votaron los concejales Alonso, Balda, Gagna, Amuchastegui y Brusa, del bloque Fuerza Patria; la concejala Cabarcos, de La Libertad Avanza; y el presidente del cuerpo, Tomás del Valle. En definitiva, con siete votos contra cinco, el expediente volvió a la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento.
Tras la definición, el concejal Gutiérrez propuso además que el proyecto fuera girado a la Comisión de Cultura y Educación, moción que fue aceptada. (10-06-26).
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