Por Pablo Javier Marcó
Las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento del Concejo Deliberante trataron el expediente número 0156/25 a partir de una nota presentada por una familia que, en agosto del año pasado, había denunciado destrato en el Hospital Municipal tras el fallecimiento de una integrante. Esa nota fue leída en una sesión ordinaria del cuerpo, de carácter público, como es sabido.
Se aclaró que el cuerpo realizó una consulta al director del Hospital Municipal y que el funcionario emitió un informe detallado con fecha 7 de abril sobre el caso mencionado, por lo que decidió archivar el expediente. Sin embargo, esa respuesta no fue leída en el recinto, situación que no resulta aislada.
Como alguna vez planteamos, los concejales desempeñan un papel fundamental en los gobiernos locales. Son los encargados de dictar las normas que rigen un distrito en todo lo relacionado con el cometido constitucional y legal de los municipios. Esto abarca una amplia gama de temas, desde la planificación urbana y el presupuesto municipal hasta la regulación del tránsito y la protección del medio ambiente, por citar solo algunos.
Además de su función legislativa, los concejales también tienen la responsabilidad de controlar los actos del Departamento Ejecutivo Municipal. Ejercen una labor de fiscalización que puede llegar, incluso, a la destitución del intendente en casos de irregularidades graves.
En ese marco, una de las herramientas de los ediles es la minuta de comunicación: un pedido formal al Poder Ejecutivo para obtener información detallada sobre un tema específico. Es un instrumento que busca transparencia y control. Permite conocer el estado de un asunto de interés público. En la mayoría de los casos, en la actual y en anteriores conformaciones del Concejo, los pedidos de informes surgen de los bloques de la oposición, aunque en ocasiones también cuentan con el acompañamiento del oficialismo.
En el ámbito deliberativo local, el tratamiento de estos pedidos de informes forma parte del circuito habitual de control entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. La forma en que se comunican sus respuestas incide de manera directa en la tramitación de los expedientes y en el acceso público a la información.
Desde LA DORREGO ya planteamos esta situación. Desconocemos las razones de la decisión de no dar lectura a las respuestas en el recinto. Sin embargo, entendemos la necesidad de que los (pocos) vecinos que asisten a las sesiones, quienes siguen las transmisiones en directo o quienes las escuchan en diferido, puedan acceder al contenido completo de las contestaciones, al menos en los temas más relevantes.
En ese sentido, creemos que el Concejo debería socializar este tipo de información, compartirla y difundirla, con el objetivo de fortalecer el acceso público a los datos y favorecer un entendimiento colectivo de distintas problemáticas. Confiamos en que la nueva presidencia del cuerpo revise esta postura y avance hacia una mayor transparencia en la exposición de las respuestas oficiales, especialmente cuando forman parte de asuntos expuestos o tratados en sesiones públicas. (02-05-26).

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