A través de una nota enviada al Concejo Deliberante, Daiana Jessica Valentino solicitó que el cuerpo evalúe la posibilidad de elevar un pedido de comunicación al Departamento Ejecutivo para regular y profesionalizar los canales de comunicación oficial en las distintas áreas municipales.
“La presente inquietud surge de observar una práctica generalizada en la administración actual: el uso de dispositivos móviles y líneas particulares por parte de funcionarios y personal administrativo para la atención de asuntos públicos”, expresó la vecina.
Según la autora, dicha situación afecta la institucionalidad del distrito. Entre ellos, remarcó la necesidad de proteger a los trabajadores municipales. “La mezcla de la vida privada con lo laboral al utilizar un único dispositivo para ambas funciones vulnera la
intimidad del agente municipal y lo expone innecesariamente ante la comunidad durante sus horas de descanso”, señaló.También advirtió sobre el impacto en la transparencia institucional. “No resulta adecuado que la atención al vecino o la difusión de actividades oficiales dependan de perfiles personales, donde también se comparte contenido de índole privada o recreativa. Esto debilita la seriedad de la gestión pública”, afirmó.
Valentino sostuvo que “el Estado municipal debe garantizar que la información pública y los contactos de los vecinos queden bajo el patrimonio institucional y no en dispositivos privados que puedan ser retirados tras un cambio de gestión”.
La presentación incluye fundamentos legales. Cita la ley provincial 15.243, que reconoce el derecho a la desconexión digital, y la ley 14.656, que establece la obligación del Departamento Ejecutivo de proveer los medios técnicos necesarios para el desempeño de las funciones. Además, menciona la Ley Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6.769/58, artículo 178 inciso 4, en relación con el deber de custodia de documentos públicos.
En el mismo sentido, se advierte sobre posibles conflictos con derechos constitucionales. “El uso de dispositivos privados para fines públicos entra en tensión con el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia privada, establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, al mezclar datos estatales con archivos personales”, indica el texto.
La autora también remarca la vigencia de la ley 25.326 de protección de datos personales. “La información recolectada por los funcionarios, datos de contacto de vecinos, reclamos, registros de trámites y expedientes digitales, se encuentra protegida por la normativa vigente”, sostuvo.
Asimismo, alertó sobre las consecuencias de la falta de dispositivos institucionales. “El borrado o la sustracción de estos activos digitales al finalizar un mandato perjudica la continuidad administrativa y podría encuadrarse en un delito de destrucción u ocultamiento de documentos públicos”, afirmó, en referencia al artículo 255 del Código Penal.
En términos operativos, Valentino indicó que esta situación genera costos para el municipio. “La falta de dispositivos institucionales facilita que esta información desaparezca con el funcionario saliente y obliga a la nueva gestión a comenzar de cero, lo que representa un costo económico y operativo alto”, expresó.
Por último, solicitó que el Concejo inste al Departamento Ejecutivo a tomar medidas concretas. “Resulta necesario proveer líneas y equipos corporativos para las áreas que así lo requieran y establecer protocolos claros de uso estrictamente profesional”, concluyó.
La nota fue puesta a consideración del cuerpo legislativo y recibió aprobación por unanimidad. De este modo, el Concejo Deliberante resolvió elevar el pedido al Departamento Ejecutivo para su evaluación. (16-04-26).
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