El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que manifiesta su beneplácito y solicita el pronto tratamiento de una iniciativa legislativa que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. La medida apunta a frenar delitos como estafas, extorsiones y secuestros virtuales que, según se expuso en el recinto, se cometen desde el interior de las cárceles mediante dispositivos móviles.
La propuesta fue impulsada por el bloque de concejales de Fuerza Patria y tiene como eje el proyecto presentado en el Senado bonaerense por la senadora Malena Galmarini. La iniciativa no solo plantea la prohibición de la tenencia y uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad, sino que también contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal en un plazo máximo de 180 días, junto con la implementación de controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos.
Durante el tratamiento, el concejal Gustavo Brusa (Fuerza Patria) remarcó que “el sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos” y advirtió que las cárceles “no pueden funcionar como call centers del delito”. En ese sentido, señaló que
la autorización del uso de celulares en contextos de encierro fue una medida excepcional adoptada en 2020 durante la pandemia, con el objetivo de facilitar la comunicación de los internos con sus familias, pero consideró que actualmente “ya no tiene razón de ser”.El edil también hizo referencia a casos recientes de estafas y extorsiones originadas desde cárceles, entre ellos uno ocurrido en diciembre pasado que tuvo fuerte repercusión pública, y sostuvo que la falta de controles adecuados permite que estas prácticas continúen afectando a vecinos del distrito y de toda la provincia.
Desde el bloque radical, su presidente, Casiano Gutiérrez, acompañó la iniciativa y destacó la necesidad de avanzar en medidas concretas para combatir el delito. En su intervención, mencionó la experiencia de la provincia de Santa Fe, donde en 2024 se implementaron políticas similares que derivaron en la incautación de más de 1.800 celulares dentro de establecimientos penitenciarios. “Es una herramienta efectiva para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operaciones delictivas”, afirmó.
Por su parte, la concejala Rosana Cabarcos, de La Libertad Avanza, también expresó el respaldo de su bloque y subrayó que la prohibición del uso de celulares no implica la incomunicación de los internos, sino la necesidad de garantizar que las comunicaciones se realicen de manera controlada y bajo supervisión del sistema penitenciario.
La resolución aprobada será remitida a ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, con el objetivo de impulsar el tratamiento del proyecto de ley. (05-04-26).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario