A través de una extensa nota enviada al Concejo Deliberante durante la última sesión, la vecina Carlota Ivonne Maciel , propietaria de lotes en el balneario Marisol, solicitó información formal y técnica sobre distintas cuestiones vinculadas con la urbanización del sector y el cumplimiento de normas ambientales.
Maciel, propietaria de terrenos ubicados sobre la vereda este de la calle Tucumán, entre la avenida Mendoza y la Circunscripción XIII, parcela 804 A y, cuestionó la presunta falta de aplicación de la Ordenanza N.º 1165/92, normativa que establece el área urbana del partido de Coronel Dorrego. Según explicó en su escrito, el plano del balneario Marisol incluido en dicha ordenanza incorpora esos lotes dentro de la planta urbana, situación que —según afirma— no se estaría aplicando en la actualidad.
En la nota también menciona que la ordenanza fue aprobada por el gobierno provincial mediante el Decreto N.º 2641/96, fechado el 25 de julio de 1996. A su vez, señala que la Ordenanza N.º 4330/22, vinculada a la urbanización del balneario, establece en su
artículo cuarto que el sector mencionado no fue incluido en esa normativa porque ya formaba parte de la planta urbana desde 1992.La vecina también cuestiona la Ordenanza N.º 3290/13, señalando que no hace referencia a la ordenanza madre de urbanización y que, según consta en documentación provincial, no habría sido convalidada por el gobierno bonaerense.
Además del planteo urbanístico, Maciel solicitó explicaciones por la falta de realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del balneario Marisol, requisito exigido por la legislación que protege el paisaje del área del río Quequén Salado. Según indicó, viene reclamando esta información desde hace tres años sin obtener respuesta oficial.
En su presentación afirma que, junto a otros inversores del sector F del balneario, encargó y financió un estudio de impacto ambiental que fue remitido a las autoridades provinciales el 6 de junio de 2025, aunque hasta el momento no habrían recibido una evaluación del mismo.
Maciel también manifestó su preocupación por la situación jurídica del balneario. Señaló que existen medidas cautelares que afectan distintas ordenanzas municipales vinculadas al desarrollo urbano del sector. En ese contexto, sostuvo que la falta de definiciones genera incertidumbre para quienes poseen terrenos o proyectan invertir en el lugar.
Durante la sesión, el tratamiento de la correspondencia generó posiciones divididas entre los bloques. Mientras los concejales de la UCR propusieron tomar conocimiento del planteo, seis ediles de las dos bancadas de la oposición solicitaron el pase a comisión para analizar el tema en profundidad. Esta última moción se impuso por mayoría. (16-03-26).

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