El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que fortalece el sistema local de defensa del consumidor mediante la incorporación de una etapa sancionatoria al procedimiento administrativo vigente. La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional 24.240 y la normativa provincial de adhesión, y busca mejorar el acceso a la justicia, reforzar la protección de los derechos de consumidores y usuarios, y promover prácticas comerciales leales en el ámbito municipal.
Hasta ahora, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) desarrollaba tareas de orientación, asesoramiento y conciliación. Con la nueva ordenanza, se mantiene ese rol en la etapa preliminar, pero se establece que, en caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes o detectarse una presunta infracción, las actuaciones serán elevadas para dar inicio a un proceso sancionatorio.
En este esquema, el Juzgado Municipal de Faltas será la autoridad competente para intervenir en la instancia sancionatoria. Tendrá a su cargo evaluar las
actuaciones, garantizar el debido proceso, producir la prueba correspondiente y, en caso de comprobarse la infracción, aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente. También podrá homologar acuerdos conciliatorios y determinar el pago de un importe obligatorio como condición para su validez, además de resolver sobre la reparación de daños cuando corresponda.El procedimiento contempla varias etapas: la intervención inicial de la OMIC, la evaluación del área legal municipal con eventual autoimputación —que deberá detallar los hechos y la norma infringida— y, finalmente, la actuación del juez de faltas, quien dictará resolución. Asimismo, se prevé la inscripción de las infracciones en el registro provincial correspondiente y la posibilidad de requerir colaboración de distintas áreas municipales.
La ordenanza también crea y fortalece un fondo específico destinado a la OMIC, que se integrará con los recursos provenientes de las sanciones aplicadas. Esto permitirá dotar al sistema de mayor autonomía y capacidad operativa.
La concejala Soraya Barandiarán (UCR) destacó el trabajo conjunto de las distintas fuerzas políticas y la participación de actores clave, como la responsable de la OMIC y el juez de faltas, que aportaron su experiencia para mejorar el proyecto original. La concejala edil también subrayó que la iniciativa constituye una herramienta fundamental para los vecinos, al brindar respuestas más eficaces ante conflictos de consumo y garantizar mecanismos concretos de sanción frente a incumplimientos. (30-03-26).

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