Durante el tratamiento de la ordenanza general impositiva, la concejala de Fuerza Patria, Ana María Balda, sostuvo que las sesiones previstas resultan centrales para el funcionamiento del gobierno local y para el próximo ejercicio económico financiero. Señaló que se trata de instancias destinadas a brindar las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo municipal.
Balda afirmó que el presupuesto y las ordenanzas fueron presentados en tiempo y forma, y remarcó la responsabilidad del Concejo Deliberante al abordarlas en los plazos correspondientes. Explicó que la actividad económica y financiera del Estado tiene como objetivo la obtención de recursos que luego se destinan a cubrir las necesidades de los vecinos.
En ese marco, advirtió: “Si no dotáramos de estas herramientas, de estos recursos necesarios al Poder Ejecutivo para que desarrolle su actividad, también le estaríamos negando a los vecinos la posibilidad de mejorar la calidad de vida”. Indicó que
los fondos municipales deben destinarse a salud, seguridad y mantenimiento de la vía pública, entre otras prioridades.Luego, consideró que no aprobar estas normas implicaría una conducta irresponsable por parte del cuerpo deliberativo. Destacó que la ordenanza fiscal y la impositiva forman parte de un mismo esquema y que ambas resultan complementarias.
Respecto de la ordenanza fiscal, detalló que define tributos, hechos imponibles, sujetos obligados, bases imponibles, modalidades de pago y excepciones. En ese punto, resaltó el consenso alcanzado para incorporar exenciones que benefician a los contribuyentes sin afectar de manera significativa los recursos municipales.
Entre las modificaciones acordadas, mencionó las exenciones en tasas municipales para veteranos y combatientes de Malvinas continentales, que se suman a las ya vigentes para quienes participaron del conflicto en las islas. También se refirió a beneficios vinculados al certificado único de discapacidad, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Balda explicó, además, la decisión de otorgar, para el ejercicio 2026, el beneficio del redondeo a talleres protegidos, a partir de un cambio en la institución beneficiaria respecto del año anterior.
En relación con la ordenanza impositiva, subrayó que es la que fija montos, alícuotas y porcentajes que impactan de manera directa en el contribuyente. Afirmó que no resultaría coherente sostener para 2026 los mismos valores aplicados en el ejercicio previo, debido al contexto económico y al aumento sostenido de precios.
Finalmente, planteó que el escenario económico exige responsabilidad y control, y sostuvo: “Vamos a exigir al poder ejecutivo local que cumpla con una eficiente prestación de los servicios”. (20-12-25).

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