Gobierno SA: Caputo y el Ministerio de Economía, en el centro de los conflictos de intereses

Nota de Noelia Barral Grigera en Cenital

Al menos 23 funcionarios de rango superior del Ministerio de Economía enfrentan potenciales conflictos de interés, según el último informe del Observatorio de las Elites del CITRA (UMET-CONICET). Entre ellos, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que según la Inspección General de Justicia (IGJ) tiene participación como propietario o director en al menos cinco empresas que podrían verse beneficiadas directa o indirectamente por decisiones que él mismo toma desde la función pública. El informe que así lo releva, adelantado en exclusiva por Cenital, se titula: “Funcionarios públicos, intereses privados. Análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del gabinete nacional”, y ofrece una mirada exhaustiva sobre el equipo de gobierno de Javier Milei.

Caputo aparece como integrante del directorio en las firmas LC Advisors, Anker Gestión y Anker Latinoamérica; además de figurar como representante de Suddeutsche Vermogensverwaltung Gmbh y de Deutsche Bank Aktiengesellschaft. De todas ellas, la más conocida y notoria es la consultora que fundó, Anker, que hoy lleva adelante junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y que, según detectó El Diario Ar, participa del negocio inmobiliario multimillonario que se está desarrollando en terrenos públicos concesionados de la Ciudad de Buenos Aires frente al hipódromo de Palermo. Además, paradójicamente, Caputo –responsable de la gestión económica que aumentó el desempleo en los últimos meses– también es socio de la Asociación Civil Diagonal, que busca la reinserción laboral de adultos mayores de 45 años.

Como contó Cenital, otro caso llamativo del mismo ministerio es el del secretario de Minería Luis Enrique Lucero, que tiene participación según la IGJ en 37 sociedades o directorios. Entre ellas, las gigantes de la minería global Xstrata Queensland Limited; Xstrata Holdings (Bermuda) Limited; M I M International Exploration Pty Ltd; Glencore El Pachon Limited; además de las financieras Alcatel-Lucent Services International B.V.; Alcatel-Lucent Participations; Ally Financial Inc; Aquiline Holdings Inc; la tecnológica Zebra Technologies Canada, Ulc; la farmacéutica Servier Nederland B.V; y la empresa de leasing de vehículos Gmac Arrendamiento Sociedad Anonima De Capital Variable. Ninguna de estas empresas, sin embargo, aparece detallada en la declaración jurada de ingresos que Lucero presentó en diciembre, al asumir el cargo.

El análisis de los datos, sin embargo, se topa con una particularidad: el gabinete de Javier Milei es un gabinete muy inestable. No solo porque surgen y desaparecen ministerios, secretarías y oficinas con asiduidad; sino también porque no para de acumular renuncias o despidos. En diez meses y medio de mandato, ya son 82 los funcionarios que dejaron su cargo, la mayoría de ellos en el Ministerio de Capital Humano (21) o en, justamente, Economía (20). A esa estadística hay que sumar en las últimas horas la renuncia de la canciller Diana Mondino, reemplazada en el Ministerio de Relaciones Exteriores por Gerardo Werthein, con intereses económicos en medios, telecomunicaciones y derechos de transmisiones deportivas, entre otros. Por eso, el informe del Observatorio de las Elites abarca al gabinete vigente al mes de mayo. Y hay, además, otro obstáculo para que el análisis sea completo: el limbo formal en el que se desenvuelve el asesor presidencial e integrante del “triángulo de hierro” mileísta, Santiago Caputo, que no tiene cargo oficial en el Gobierno a pesar de que toma la mayor parte de las decisiones vinculadas con la gestión y con, justamente, los cambios en el gabinete.

También en el Ministerio de Economía, el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, aparecía al mes de mayo como autoridad en Inversiones Pryca SA y en Norfin Holder SL, según los datos de la IGJ. Ambas financieras están vinculadas a la industria alimenticia. Otro funcionario que aparece reflejado por potenciales conflictos de intereses en el informe del Observatorio de las Elites es el viceministro Juan Alberto Pazo, cuyo patrimonio declarado fue puesto bajo la lupa hace meses, aunque en el Gobierno parecen no dar importancia a las alarmas. En su recorrido por el sector privado, Pazo estuvo vinculado a los sectores de indumentaria y a fondos de inversión agropecuaria.

En total, son 55 los funcionarios de rango superior –ministerios, secretarías y subsecretarías– que tienen 182 participaciones declaradas ante la IGJ en directorios de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades extranjeras, entre otras. Y si bien Economía es el Ministerio con más casos (23 funcionarios), aparece seguido de cerca por la Jefatura de Gabinete (7 funcionarios) y el ex Ministerio del Interior (5 funcionarios), aunque aparecen ejemplos en prácticamente todas las áreas de la administración.

Como advirtió a Cenital la coordinadora del Observatorio y exsecretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani: “Más allá de que la información de la IGJ esté actualizada o no, el hecho de que hayan formado parte de esas empresas y ahora desempeñen cargos de gabinete plantea un gran riesgo de captura de la decisión pública, porque tienen acceso a información privilegiada y en muchos casos tienen que regular el funcionamiento del sector en el que tienen o tuvieron, muy recientemente, intereses privados”.